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Nacionales

Sin libertad de prensa, ¿qué opciones tiene La Patilla de librarse de su multa millonaria?

Héctor Daniel Brito

El día nacional del periodista nace en Venezuela a raíz de la puesta en circulación del prime número del Correo del Orinoco, medio auspiciado por Simón Bolívar.

Distinto a este referente histórico, hoy conmemoramos esta fecha con uno de los medios más destacados del país afrontando una demanda política por parte de un funcionario público que compromete su ejercicio informativo.

Luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la administración de Nicolás Maduro impusiera un pago al medio de comunicación digital La Patilla por “daño moral” hacia el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, las críticas por parte de profesionales del derecho llegaron de manera instantánea.

El pago de 5 millones de dólares es el motivo por el que especialistas y la opinión pública debaten los verdaderos motivos de esta multa tan alta, que solo medios de comunicación no vinculados con el régimen chavista-madurista han tenido que pagar como parte del abanico de sanciones por parte del Gobierno a la prensa venezolana.

Difundir un trabajo de otro medio parece un crimen impagable en Venezuela. Por eso, fue un texto de la ABC, en el que se le acusó a Cabello de tener vinculación con el narcotráfico, el que encendió la mecha de una polémica, valga la expresión, mediática.

Por eso, hablamos con el director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, quien explica a Papagayo News qué puede hacer La Patilla para poder zafarse de pagar una deuda calificada por muchos como “politizada”.

¿La Patilla tiene oportunidad de denunciar internacionalmente esta decisión y existe una posibilidad real de que puedan ayudarla a zafarse de estas medidas?

—La pregunta es muy pertinente, porque efectivamente la respuesta corta es sí, pero no lo pueden llevar a la Corte Interamericana (…) pero lo podrían denunciar ante la Comisión Interamericana, aunque tampoco, porque —de acuerdo con esta instancia— los casos de denuncia solo lo pueden presentar personas naturales; tendría que ser el propio Alberto Federico Ravell quien haga la denuncia. Si lo hace él a título personal, aunque la afectada sea La Patilla, sí lo puede hacer, y esta distinción que hago se tiene que hacer también ante Naciones Unidas, es decir, pueden denunciarlo también ante el Consejo de Derechos Humanos, pero tiene que hacerlo él como accionista de La Patilla, afectado directamente por la medida del Gobierno. Eso es importante es tomarlo en cuenta.

Ahora, ¿qué puede hacer La Patilla en instancias venezolanas?

—A nivel local, les quedaría un recurso, que conoce la Sala Constitucional, llamado recurso de revisión, de dudosa legalidad, y que los abogados lo tiene ahí por si acaso, pero en el caso de La Patilla no creo que pierdan tiempo en eso.

De nuevo, ¿y afuera adónde más pueden acudir?

—Internacionalmente, podrían llevar el caso al Consejo de Derechos Humanos y denunciarlo también ante Relator Especial sobre Libertad de Expresión. Ambas instancias terminarían con un llamado de atención y con una declaración de que, efectivamente, se violaron los derechos de La Patilla y de la libertad de expresión, pero no habría una posibilidad de que el Gobierno esté obligado a ejecutar ese tipo de decisiones.

A nivel de la Comisión Interamericana podría también hacerse la denuncia, pero como Venezuela se salió de la OEA, no sé si el gobierno venezolano asistiría a reuniones de la comisión. Esa instancia la dejaría aparte.

Volviendo al origen de este asunto, ¿qué determina que se pague determinada cantidad de dinero en casos como el de La Patilla?

—Hay casos similares donde los tribunales actúan de manera hipócrita, porque el concepto, desde el punto de vista jurídico, es el mismo, pero depende de la persona y la posición que tenga. Entonces, ahí se ve lo que llaman “el derecho penal del enemigo”: al enemigo se le niegan todos los derechos y las garantías, pero al amigo todos los beneficios. En Venezuela existe una justicia según la cual los enemigos del régimen no tienen derechos.

Antecedente

Como reseña el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), Cabello ejerció la demanda civil y penal por “difamación agravada continuada” en contra de La Patilla, El Nacional y Tal Cual, y 22 directivos de estos medios, en abril de 2015 por los supuesto delitos de “exposición al desprecio o al odio público, u ofensivo a su honor o reputación”, según lo que establece el artículo 442 del Código Penal Venezolano.

“En principio la acción legal contra La Patilla fue por el equivalente a mil millones de bolívares fuertes, y eso fue lo que ordenó pagar el juez de primera instancia, pero luego de una apelación, el de segunda instancia determinó en septiembre de 2018 que el pago debía ser por dos mil millones de bolívares fuertes. Finalmente, el caso fue elevado al máximo tribunal del país, y la sentencia de la Sala de Casación Penal del TSJ elevó la cifra a Bs. 30 mil millones de bolívares soberanos“, recapitula la ONG.

Foto: Papagayo News

 

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Héctor Daniel Brito

Héctor Daniel Brito

Reportero de Papagayo News

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