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Economía

Repatriación de capitales a Venezuela: un proceso complejo, pero factible

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Gustavo Ocando Alex
Escrito por Gustavo Ocando Alex

El gobierno de transición espera repatriar al menos 350 mil millones de dólares desfalcados a Venezuela por el chavismo desde 1999. La cifra es infinitamente superior al Plan Marshall, que ayudó a la reconstrucción de 18 países de Europa tras la Segunda Guerra Mundial

Venezuela vive una crisis de poder sin precedentes. Nicolás Maduro Moros juró ante la Asamblea Nacional Constituyente como presidente de la República, mientras el Parlamento venezolano y decenas de países consideran que ha usurpado el cargo por considerar inválida e ilegítima su elección en mayo del año pasado.

En ese pulso por el poder político, la oposición ha anunciado que procurará repatriar millonarios capitales desfalcados a la nación para financiar sus gastos y promover la ayuda humanitaria inmediata en el país. Sería, en teoría, su piso económico.

Expertos en materia financiera y diplomática coinciden en que es un movimiento financiera y políticamente factible, con claros antecedentes en la política mundial, pero advierten que se trata de un proceso tan complejo como lento.

Las esperanzas financieras del eventual gobierno de transición de la oposición venezolana recaen principalmente en el Fondo de Recuperación de Activos Producto de la Corrupción, un recurso aprobado en primera discusión el pasado 8 de enero en sesión ordinaria.

El instrumento, de acuerdo con las proyecciones de la oposición, les permitirá asegurar y devolver al país los millonarios recursos robados al Estado venezolano por parte de actores del chavismo desde su ascensión al poder en 1999.

Esos recursos financiarán políticas públicas y ayudarán a solucionar la crisis humanitaria que vive Venezuela, adelantó en días pasados Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y quien, según la Constitución, asumiría la Presidencia de la República ante la proclamada usurpación de Nicolás Maduro.

Freddy Superlano, presidente de la comisión de Contraloría de la AN, denunció que una tercera parte de los ingresos obtenidos por la nación mediante la explotación petrolera han sido robados por actores del chavismo.

La cifra total de estos recursos provenientes de la corrupción varía. El propio Guaidó, en abril de 2018, reveló que investigaciones parlamentarias confirmaron que al menos 180 mil dólares habían sido estafados al erario público en los últimos años.

El presidente del Parlamento comentó en una entrevista reciente que el inventario total de esos bienes estatales robados asciende a 350 mil millones de dólares, mientras fuentes legislativas aún citan reportes de organismos internacionales contra la corrupción para cifrarlo entre 300 mil y 600 mil millones de dólares.

La cantidad, en cualquier caso, es infinitamente mayor a la que requirió Europa para recuperarse de la devastación de la Segunda Guerra Mundial.

El llamado Plan Marshall, que promovió la reconstrucción de Europa Occidental, costó a Estados Unidos 13.000 millones de dólares entre 1948 y 1952, es decir, apenas 4 % del monstruoso monto calculado del desfalco a Venezuela de las últimas dos décadas.

Maduro, de momento, sigue gobernando al país. Controla sus ingresos y egresos, especialmente los de la industria petrolera, que representan aproximadamente el 96 % de la generación de ganancias fiscales de Venezuela, si bien se encuentran diezmados hasta una producción de 1,1 millones de barriles diarios.

Tomará su tiempo

Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, considera que iniciativas de esa índole están lejos de ser fáciles, pues implican la participación de las administraciones federales y de los sistemas bancarios de numerosos países.

“No es algo automático. Es algo complejo, que evidentemente pasa por sensibilizar a los países sobre que ese dinero mal habido pueda recuperarse”, opina.

Resalta que países de América y la Unión Europea han demostrado ese nivel de sensibilización ante lo que acontece en Venezuela desde el punto de vista financiero, con expresiones como sanciones administrativas al poder Ejecutivo y bloqueos de cuentas de funcionarios acusados de corrupción.

“Eso implica lucha contra corrupción, es decir, medidas para favorecer al país. En ese contexto, el gobierno provisional o los actores de la transición han señalado que es necesario buscar las medidas apropiadas para coordinar que ese dinero mal habido pueda ser repatriado en momentos de profundo colapso”, indica.

Alcalay advierte que es un proceso pormenorizado que tomará su tiempo. No es, insiste, una decisión automática donde los recursos reportados de la corrupción van a equis o ye cuenta que notifique el Parlamento nacional y, en su momento, el gobierno de transición.

“Cada caso concreto de corrupción tendrá que ser estudiado y llevado a cabo a través de los sistemas financieros. Es un tema no solamente jurídico, sino de transparencia financiera, de todos los recaudos para justificar si ese dinero ha sido arrebatado de Petróleos de Venezuela o, por ejemplo, a algún medio de comunicación, para navegar el retorno de ese capital”, señala.

La demostración de que cada dólar malversado corresponde a las cuentas del Estado venezolano debe ser el primer paso, detalla. “Es un acuerdo de parte y parte. Eso llevará su tiempo. No es una resolución general. Tiene que ser un proceso donde evidentemente se dé una acción que repercuta en una sanción a quien ha actuado ilícitamente y recuperado para las instituciones a las que se les ha arrebatado”, puntualiza.

Baile de dos

El Parlamento creó una comisión especial de recuperación de activos que constituirá el fondo, hará lobby con representantes de las oficinas del Tesoro de países y organismos internacionales y se informará sobre los procedimientos para localizar, asegurar y recuperar los activos.

Los legisladores, y junto a ellos el eventual gobierno de transición, esperan que la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas les brinden asesoría técnica para contar con los activos producto de la corrupción venezolana.

Se espera que esa comisión establezca un cronograma perentorio para lograr acciones concretas en cooperación con instituciones anticorrupción de otras naciones.

Los parlamentos de los países en cuestión también serán fundamentales para autorizar o no que sea ese gobierno de transición quien administre los dineros públicos recuperados por concepto de lucha contra la corrupción.

El primer país en pronunciarse sobre ese aspecto fue Estados Unidos, cuya administración ha dicho públicamente que ayudará a Venezuela a recuperar cerca de 2,4 mil millones de dólares que su departamento del Tesoro ha detectado a funcionarios corruptos del gobierno.

El presidente de la comisión permanente de Contraloría de la AN indicó a principios de enero que las investigaciones legislativas datan de hace tres años.

Ya en 2016 se hablaba de esa repatriación. Antonio Casanova, especialista en derecho administrativo, aseguró entonces, durante un foro de la oenegé Paz Activa, que no sería tan difícil recuperar los fondos venezolanos si el gobierno de transición y los países involucrados aplican al pie de la letra los protocolos internaciones planteados en la Convención de la ONU contra la Corrupción, aprobada en 2003 y ratificada por Venezuela en 2009.

Los desfalcos más notorios se identificaron en gestiones de Petróleos de Venezuela; la adjudicación de 30.000 millones de dólares en contratos con la empresa brasileña Odebrecth; manejos incorrectos de recursos en los ministerios del poder Ejecutivo; malversaciones de fondos en el plan de los Clap; y adjudicaciones irregulares de divisas en el sistema cambiario.

Existen precedentes

Alcalay remarca que uno de los efectos inmediatos de la Segunda Guerra Mundial fue la repatriación de capitales mal habidos por el gobierno nacional socialista de Adolf Hitler, que posteriormente fueron entregados a sus legítimos propietarios y a los Estados víctimas de aquel atropello bélico de los años 30 y 40 del siglo XX.

También menciona la devolución de bienes confiscados en épocas comunistas en Alemania tras el colapso del Muro de Berlín en 1989.

En el Perú posterior a Alberto Fuijmori, presidente autoritario actualmente en prisión, el desmantelamiento de redes de corrupción en los cuerpos policiales que violaron fundamental y sistemáticamente los derechos humanos del pueblo ayudó a la reconstrucción de la democracia en los años siguientes.

Francisco Rodríguez, economista, menciona que Estados Unidos reconoció a los gobiernos exiliados de los países ocupados por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

Estados Unidos, también recuerda, reconoció al gobierno de Kuomintang como el régimen legítimo de China durante tres décadas a partir de 1950.

El apoyo económico estadounidense fue clave para que el partido Kuomintang estableciera en Taipei un gobierno autoritario que gozó de todas sus atribuciones, gracias a la imposición de leyes de emergencia que suspendieron los derechos democráticos en la isla.

Ese movimiento logró crear un emporio empresarial, bancario, petroquímicos y comunicacional de tal magnitud que, en el año 2000, se le valoró como el partido político más rico del mundo, con una fortuna estimada en al menos 6.000 millones de dólares.

 

Activos protegidos

El Parlamento venezolano aprobó este martes un decreto de protección de activos de la República, según el cual se advierte a los gobiernos y la banca de una veintena de países que todas las actuaciones administrativas de parte del régimen de Nicolás Maduro son “ilegítimas”, nulas y acarrean responsabilidades penales para quienes las realicen.

El acuerdo solicita expresamente a 46 países de América, Asia y Europa, entre ellos aliados principales del “régimen”, como Turquía, Rusia y China, que prohíban los manejos de activos líquidos del Estado venezolano de parte de representantes de Nicolás Maduro.

“Hay estructuras financieras que tienen que tener cuidado con esos activos. Hay que tener atención con lo que estos señores vayan a hacer en los próximo días con el manejo de los recursos públicos”, advirtió Superlano durante el debate.

La medida busca detener de facto que Maduro y sus voceros manejen dineros públicos de manera alguna y abre las puertas a que el gobierno de transición que emerge del Parlamento sea quien lo haga.

El economista Rodríguez, con estudios de postgrado en la universidad de Harvard, ha expresado justamente sus reservas sobre la dependencia exclusiva de fondos provenientes de la corrupción de parte del gabinete que encabeza Guaidó.

A su juicio, un nuevo gobierno de oposición no puede obviar sus derechos para “tomar control de todos los activos de Venezuela en el exterior”, sean o no objeto de malversaciones y desfalcos al Estado.

“La jurisprudencia estadounidense obliga a las cortes a reconocer al gobierno que establezca la política exterior de ese país. Si Estados Unidos reconoce a un gobierno legítimo nombrado por la Asamblea, solo ese gobierno podrá representar legalmente a Venezuela ante sus cortes”, publicó esta semana en su cuenta en Twitter.

Explicó que esto implicaría que un gobierno legítimo de Venezuela nombrado por el Parlamento podrá “tomar posesión de activos en el exterior” tales como Citgo, empresa venezolana refinadora de petróleo y comercializadora de gasolina, lubricantes y petroquímicos radicada en los Estados Unidos.

La apropiación de fondos también debe involucrar, según Rodríguez, cualquier ingreso por venta de petróleo a Estados Unidos y otros países que reconozcan al nuevo gobierno.

“La decisión a la que se enfrenta la Asamblea Nacional es compleja y tiene muchas aristas”, escribió, no sin antes acotar que Guaidó y su eventual gobierno transitorio sí tendrá piso económico.

“Es incorrecto decir que un gobierno legítimo carecería de poder real, dada la relevancia de los vínculos comerciales del estado venezolano con el resto del mundo”, estimó.

La reconstrucción del Estado de Derecho, insisten los analistas del derecho, la diplomacia y la economía, es fundamental para el éxito de la repatriación de esos capitales.

 

Sobre el autor

Gustavo Ocando Alex

Gustavo Ocando Alex

Colaborador de Papagayo News.
Licenciado de Comunicación Social.
Profesional con amplia trayectoria como periodista, exjefe de edición y corresponsal de distintos medios de comunicación nacional e internacional.

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