Política

¿Qué podría pasar con Guaidó después de las medidas cautelares impuestas por el TSJ?

Héctor Daniel Brito

Recapitulemos: el fiscal general de la República, Tarek William Saab, solicitó este martes al Tribunal Supremo de Justicia abrir un proceso contra el presidente encargado de Venezuela ante la Asamblea NacionalJuan Guaidó.

Hay un ciudadano que ha liderado toda esta acción que va en impedimento de la Constitución venezolana. Hemos aperturado en caracter preliminar que se dicten medidas cautelares contra Juan Guaidó”, expresó Saab, quien solicitó estas medidas y el inicio de una investigación preliminar contra Guaidó.

Más tarde, Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), anunció la aceptación de tales peticiones, por lo que el escenario legal y político ahora cuenta con distintas lecturas.

TSJ aprueba medidas cautelares en contra de Juan Guaidó

Guaidó como diputado

La inmunidad parlamentaria es una de las facultades con las que cuenta Juan Guaidó y, aunque sea presidente interino, reconocido así por la Asamblea Nacional y gran parte de la comunidad civil e internacional, no pierde su investidura, así pues, la norma prevé que es la única manera de iniciar una investigación en su contra si se aplica el allanamiento de su inmunidad parlamentaria en los efectos de ser juzgado, de acuerdo con Gustavo Evies, abogado especializado en Derecho Procesal Penal.

En términos sencillos, el abogado Briner Daboín explica que para que el proceso sea transparente y adecuado, se deben regir por las reglas de la Constitución de Venezuela (y demás normas) con el objetivo de poder abrir una investigación directa hacia el presidente del Parlamento.

¿Entonces cómo ocurre eso?

Primero, la Fiscalía debe presentar una querella al TSJ tras haber investigado un hecho, mas no al supuesto implicado directamente. Luego, el Poder Judicial llama al diputado en caso de que proceda esa solicitud.

El parlamentario, a su vez, se presentará para argumentar su posición ante el hecho y, de concretarse el allanamiento por determinados delitos, la Asamblea Nacional será notificada para finalmente poder proceder.

Ante esto, Daboín asegura que no se cumplió con los pasos, razón por la que se vulnera el derecho de Juan Guaidó.

“Por otra parte, las medidas cautelares tiene dos tipos: las nominadas, que son las que establecen las leyes, y las innominadas que son las que el juez determine necesarias y conducentes para mantener a la persona sometida al proceso, o para asegurar los bienes derivados de la perpetración de algún delito”, explica Evies.

Esta segunda es la solicitada por la fiscalía en el caso de Guaidó.

La otra medida cautelar

La Corte Interamericana de Derechos Humanos también dictó una medida cautelar para Guaidó, en la que el Estado debe garantizar su seguridad.

¿Entonces cómo conviven estas peticiones de la fiscalía y las medidas cautelares de la CIDH?

Evies señala: “es fundamental que la gente entienda que hay una ilegitimidad no solo en el caso del ejercicio del poder de Maduro, sino del resto de los órganos del poder público, exceptuando la Asamblea Nacional, derivado de diferentes escenarios (…) primordialmente de la constitución de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), de la designación de los magistrados exprés (…) pero como estamos en ejercicio de poder de facto, las medidas de esa Fiscalía son independientes a las medidas que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que unas surten efecto solamente en el orden interno (las que decreta un juez venezolano), mientras que el juez de la CIDH tiene su jurisdicción más amplia, amparado por el artículo 23 de la Constitución y sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos y demás tratados internacionales que van, incluso, con un caracter supraconstitucional”.

Ahora, que la corte exhorte a un Estado que cuenta con una crisis porque, en teoría, tiene a dos presidentes hace que el tema se complique. No obstante, el resguardo de la vida y la seguridad de Juan Guaidó, el ciudadano, debe ser esencial independientemente de las posturas políticas actuales, precisa Daboín. La fuerzas de seguridad no pueden atentar contra él; es imperativo.

Así pues, el congelamiento de cuentas, la prohibición de salida del país y de la compra-venta de sus propiedades es un hecho que, según los expertos, tiene más peso político que legal.

Mientras tanto, los especialistas en derecho seguirán estudiando cada paso que se dé desde cada poder para argumentar y andar con firmeza en un terreno con arenas movedizas.

Foto: cortesía

 

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Héctor Daniel Brito

Héctor Daniel Brito

Reportero de Papagayo News

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