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Opinión

Por qué no podemos venezolanizar la situación chilena

Pedro D. Túa
Escrito por Pedro D. Túa

Chile se encuentra sumida en un estallido social sin precedentes, al menos en sus últimos 30 años.

La primera vez que vine al país austral fue en invierno del 2013; luego repetí la experiencia en verano del año 2014; bastaron esas dos visitas para darme cuenta de que no todo lo que brillaba era oro, y que, realmente, Chile se encontraba dentro de un burbuja creciente y que en cualquier instante podría explotar. Y es lo que penosamente presiento que estoy presenciando en esta tercera visita al país que inicié hace un mes, ya no con propósitos turísticos sino migratorios. 

Para el chileno nada funciona bien en el país: bajos sueldos, alto costo de los servicios públicos, amplia política de privatización en detrimento del pueblo, escasez de empleo, alto costo de los arriendos, desigualdad social y económica abismal… en fin: la privatización y el manejo del país por parte de un muy pequeña y privilegiada elite empresarial. 

El presidente Sebastián Piñera ha anunciado una serie de medidas de desahogo social, en especial, dirigida a la clase media y a las clases más desposeídas, que incluyen, entre otras cosas, el ingreso mínimo garantizado en 350 mil pesos mensuales, la suspensión en el aumento del pasaje de transporte público y el aumento de la tarifa de la energía eléctrica; el aumento de un porcentaje en las pensiones y la reducción de sueldos de senadores, diputados y altos funcionarios del Estado.

Y es que mientras más de 800 mil chilenos ganan menos de 400 mil pesos mensuales, los congresistas percibían 9 millones de pesos mensuales

Sin embargo, parece que esas medidas no han sido suficientes, y lo que empezó como una gran protesta en contra del aumento del pasaje de transporte público (metro y micro), se convirtió en este gran movimiento social de rebeldía, que ha incluido, lastimosamente, la destrucción de bienes públicos y privados, como sucedió con la quema y destrucción de más de 70 estaciones del metro de Santiago, de  los micros del Transantiago y el saqueo y quema de varios centenares de supermercados de distintas cadenas.

A una semana del inicio de las protestas, aún el ambiente es incierto, y cada vez parece agudizarse más ante nuevas demandas que por años fueron ignoradas y que ahora parecen emerger como los peores fantasmas de aquellos quienes se empeñaron en mantenerlas alejadas.

La actitud del gobierno, debo decirlo, ha sido paciente; tanto así que pareciera que, más allá de los anuncios hechos hace 4 o 5 días, no hay nada más en la agenda, y parecen, incluso, desbordados por la situación, tal como supuestamente lo afirmó la primera dama en un audio filtrado ampliamente por los medios chilenos días atrás.

Lo que sí debe resaltarse es la actitud de los órganos de seguridad y del ejército, que se encuentran en la calle desde que, hace días, se decretara el toque de queda: no ha habido, aparentemente, violaciones de DD.HH. ni excesos policiales.

De hecho, los saqueos, la destrucción y la quema de bienes públicos y privados se llevó a cabo bajo mirada expectante de los cuerpos de seguridad.

Pareciera una estrategia del gobierno de Piñera, en primer lugar, permitir que la sociedad drene la furia inexorable que se ha visto contenida en estas protestas; y, en segundo lugar, demostrar que, ante todo, el gobierno y el Estado chileno se ha reformado en estos años y son netamente un cuerpo democrático y respetuoso de los derecho humanos.

Da la impresión de que, precisamente, el ciudadano chileno se ve totalmente empoderado y se le permite la posibilidad de salir a protestar, incluso de insultar y retar, como se ha visto en muchos casos, a los uniformados; destruir la propiedad pública y privada con la conciencia de que no pasará a mayores consecuencias. 

Sin embargo, la expresidente chilena Michelle Bachelet ha anunciado, como Alta Comisionada de los DD. HH. de la ONU, que ha enviado una comisión de observación debido a denuncias de presuntas violaciones de DD. HH., pero ha dejado también en claro de que la solicitud fue hecha por varios sectores, ente ellas, por el mismo gobierno.

En una semana de manifestaciones y saqueos, han muertos alrededor de 15 ciudadanos en diversas circunstancias;  han sido detenidas varios centenares de personas por diferentes tipos de delitos. Y a esos hechos, seguramente, se refiere la alta comisionada y distintos parlamentarios de oposición y ONG.

Los venezolanos no han estado excluidos dentro de los debates acalorados por la situación altamente efervescente que se vive en Chile —en especial en Santiago—, donde se han difundido videos en RRSS de venezolanos participando en saqueos de supermercados y en protestas masivas, hechos condenados por otros venezolanos quienes critican su participación en la destrucción de la cosa pública y privada.

Por otro lado, Venezuela ha estado presente en los debates televisivos de políticos, sindicalistas, congresistas como punto de referencia de lo que, aparentemente, algunos desean y de lo que otros rechazan: la instauración de un modelo venezolano, la influencia del gobierno de Nicolás Maduro en las protestas.

A pesar de ello, para muchos otros venezolanos resulta poderosamente inquietante que los chilenos afirmen que nada sirve, que hay que cambiar muchos aspectos de la vida nacional y que haya una demanda social dirigida a la transformación del Estado y a cambiar la constitución chilena, e inevitablemente pretenden hacer una comparación con la situación venezolana.

¿Cómo puede rebelarse una sociedad donde el salario mínimo es de casi 500 dólares mensuales mientras que en Venezuela recibimos 7 dólares al mes? Cosa que es totalmente errada, pues cada país posee su código, sus necesidades, sus situaciones, y no caben las comparaciones al menos desde un punto de vista macro.

No podemos los venezolanos tratar de venezolanizar la situación chilena.

Básicamente, la demanda del ciudadano chileno se refiere a la transformación del Estado y el cambio del bloque jurídico nacional, en especial la constitución, la cual rige desde tiempos de Augusto Pinochet, pues la acusan como el principal elemento de obstáculo para llevar a cabo las reformas sociales y económicas demandas por los nacionales chilenos.

No solo es el aumento del sueldo o la baja en los servicios públicos, se trata de acabar con un sistema que ha beneficiados a una elite empresarial y política en detrimento de la mayoría de los chilenos.

Sin embargo, la experiencia venezolana sí nos enseña que la destrucción o el desmontaje del sistema no necesariamente conduce a la resolución de los males que les aquejan.

De hecho, en Venezuela puntualmente la defenestración de un presidente electo democráticamente, que buscaba inaugurar una nueva era nacional, condujo a la destrucción de la democracia.

Hace poco, el presidente de Francia, Emanuel Macron, envió un mensaje a los chilenos y les sugería transformar la ira en combustible para  la construcción y la reforma pacifica del país, en alusión clara a que muchas de las demandas no son posibles llevarlas a cabo todas en tiempo inmediato sino que son de carácter progresivo y necesitan, no solo voluntad social, sino que también voluntad política para llevar a cabo ese proceso. 

La gran pregunta, ¿conduciría la renuncia de Sebastián Piñera a la satisfacción de las demandas de los chilenos y por ende a la pacificación del país?

Foto: New York Times.

Sobre el autor

Pedro D. Túa

Pedro D. Túa

ADS - Abogado
Columnista Freelance
Premio "Pulso y Alma de la Crónica en Venezuela" 2011 (Fundación Bigott)
perdrodomingotua@gmail.com

1 Comentario

  • Excelente artículo que permite aclarar una serie de dudas y ojalá que el pueblo chileno logre sus objetivos sin caer en la trampa del comunismo

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