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Política

Panamá y República Dominicana, países claves para las sanciones del TIAR

Héctor Daniel Brito

Luego de que los representantes de los 16 países que integran el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) determinaran que la situación de Venezuela constituye una amenaza para la paz y la seguridad en el continente, su activación se hizo inminente.

La resolución aprobada en Nueva York reza: “El territorio venezolano se ha convertido en refugio, con la complacencia del régimen ilegítimo, de organizaciones terroristas y grupos armados ilegales, como el Ejército de Liberación Nacional, Grupos Armados Organizados Residuales y otros, que amenazan la seguridad continental, contraviniendo las obligaciones establecidas en la Resolución 1373 del 2001 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.

Y agregan: “Si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier Estado Americano fueren afectadas por una agresión que no sea ataque armado, o por un conflicto extra continental o intracontinental, o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América, el órgano de consulta se reunirá inmediatamente, a fin de acordar las medidas que en caso de agresión se deben tomar en ayuda del agredido o en todo caso las que convenga tomar para la defensa común y para el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente“.

Así pues, si las sanciones son el primer paso para frenar al régimen madurista: ¿cómo lo afectarán según lo acordado?

El director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, desmiente en primera instancia que el Pacto tenga como fin “invadir a Venezuela”, como lo ha expuesto el Gobierno desde un principio.

Asimismo, recalca que las decisiones tomadas están vinculadas con la determinación de personas o empresas cercanas al régimen venezolano, así como al congelamiento de sus activos en los diferentes países miembros del Tratado.

“Esto último tiene una enorme importancia, porque el marco de las causas por el que se puede usar este congelamiento no está limitado a las violaciones de derechos humanos, sino que tiene un efecto mucho más amplio, que implica el lavado de activos, tráfico de drogas, el financiamiento del terrorismo y la delincuencia organizada“, explica Daniels.

Por esta razón, las acciones no solo estarán dirigidas a funcionarios sino a todo aquel que esté relacionado con estos hechos delictivos.

“El congelamiento de activos puede tener mucha repercusión si se ejecuta en países como Panamá y República Dominicana, donde se dice que funcionarios y exfuncionarios tienen vínculos económicos”, un argumento que ha resaltado el abogado en varias ocasiones por la posibilidad de que esto suceda.

El otro punto hace referencia a la extradición de personas, que sí incluye a los violadores de derechos humanos y corruptos, por lo que comprende un espectro más reducido y específico.

Además, en el supuesto caso de extradición, existen varios puntos que se deben tomar en cuenta, por ejemplo, si algún funcionario venezolano sale del país con pasaporte diplomático, quiere decir que tiene inmunidad; y solo puede ser levantada por la Corte Penal Internacional (que aún no ha pasado).

El último aspecto es el establecimiento de una red operacional para determinar las medidas ya concretas de aplicación de decisiones, con la cual no solo se fijará un mecanismo sino el órgano que lo ejercerá. El primer paso de la aplicación aún está por verse.

Chao, Uruguay

El canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, anunció este martes que el país se retira del TIAR y que lo denunciará ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Uruguay tomó la decisión de votar en contra de esta resolución, no a favor del Gobierno de Venezuela sino a favor del derecho internacional y de la paz”, declaró el canciller en Montevideo antes de viajar a Nueva York para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas en representación del Gobierno uruguayo.

Foto: CC0 / Pixabay

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Héctor Daniel Brito

Héctor Daniel Brito

Reportero de Papagayo News

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