Diáspora

Migración venezolana con destino al Perú se redujo en más del 90 % en julio

AFP
Redacción Papagayo
Escrito por Redacción Papagayo

Tres momentos han marcado el aumento del flujo migratorio de los ciudadanos venezolanos al Perú en los últimos dos años: la entrada en vigor de la exigencia de pasaporte en agosto y octubre del 2018 y la de la visa humanitaria en junio de este año, medidas que aceleraron el tránsito de los migrantes al país.

Sin embargo, un mes después de adoptada esta última medida, la migración venezolana hacia Perú bajó en 91,5 % respecto del mes anterior, de acuerdo con cifras de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Mientras que en junio la migración tuvo el tope de 44.756 personas, en julio fue solo de 3.815. 

Según lo reseñado por el diario El Comercio, a la fecha, son 859.659 los venezolanos establecidos en Perú, el segundo país de acogida después de Colombia. Este número reúne a todos los migrantes que se encuentran en el país inca y cuentan con diferentes situaciones migratorias. Por tanto, y hasta el momento, han tramitado el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) unas 486 mil personas.

Además de la migración neta, los números de ingresos y salidas de migrantes venezolanos también variaron. En junio ingresaron al país 88.114 venezolanos y salieron 43.358, mientras que en julio los arribos fueron de 18.944 y las salidas 15.129.

Si bien las cifras de la inmigración se han reducido considerablemente, la condición y estatus legal en las que permanecen los venezolanos en el país siguen siendo temas pendientes. Entre los casos más urgentes se encuentran los solicitantes de refugio.

Estatus vulnerable

Mairim, una joven profesora oriunda del estado Sucre que entró al Perú en setiembre del 2018, cuenta con un carné que la identifica como solicitante de refugio en el país. Sin embargo, esta no es una credencial que pueda asegurar su estabilidad en el territorio peruano.

De acuerdo con la Ley del Refugiado, quien solicita esta condición puede permanecer en Perú hasta que se defina en última instancia su situación.

Mientras continúa el trámite, la Comisión Especial para los Refugiados de la cancillería peruana le expide un documento provisional que acredita su caso, pero no significa su reconocimiento como refugiado. Con esto, el solicitante puede trabajar, pero debido a que solo tiene una vigencia de 60 días hábiles, debe ser renovado:

Nos dijeron que si nos niegan la calidad de refugiados tendríamos que salir del país en un tiempo. Pero como no tenemos ningún antecedente penal, yo pienso que sí nos lo podrían dar”, se esperanza Mairim.

Mientras Romel sellaba en octubre del año pasado su pasaporte en la frontera de Tumbes, con Ecuador, los oficios para que se presente en su institución seguían deslizándose por la puerta de su casa en Caracas: “No puedo regresar a Venezuela, tengo miedo”, cuenta este expolicía de 38 años, que llegó al Perú tras 27 años de actividad en la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Nunca fue pasado al retiro.

En tanto espera en la fila de la Oficina de la Comisión Especial para los Refugiados, recuerda cómo la inestabilidad e inseguridad en la policía lo empujó a tomar la decisión de dejar su ciudad, su familia: “Era mucha cuestión a la hora de las protestas. Te obligaban a hacer cosas que no tenías que hacer. No puedo estar a favor de maltratar a un pueblo en algo que me va a beneficiar a mí”, relató.

El carné de Romel que lo identifica como solicitante de refugio en Perú. Foto: Alicia Rojas.

Aunque Romel ingresó al Perú con su pasaporte, pero pidió el refugio como medida de seguridad, una gran cantidad de venezolanos encontró en esta condición una forma para permanecer en el país debido a que no cuentan con el PTP u otra condición migratoria. Sin olvidar que a este permiso especial solo pudieron optar los venezolanos que ingresaron a Perú hasta el 31 de octubre del 2018.

Más de 140 mil venezolanos ingresaron este año al país solicitando la condición de refugiados, de acuerdo con cifras de la Comisión de la Cancillería. No obstante, a la fecha solo se han resuelto 676 casos, 340 entre solicitudes reconocidas y 336 denegadas. El resto permanece en lista de espera.

Los refugiados reconocidos en Perú tienen los mismos derechos y obligaciones de un extranjero residente. Además, tienen prohibido intervenir en asuntos políticos o de otra índole, y tienen derecho a que se les otorgue la calidad migratoria de extranjero residente por un año, con la posibilidad de prorrogar anualmente mientras se mantengan las razones que motivaron el pedido de refugio. El documento que se les otorga es el Carné de Extranjería, y la calidad de refugiado la pueden hacer extensiva a su cónyuge, hijos y otros dependientes.

El secretario ejecutivo de la Comisión Especial para los Refugiados, Patricio Rubio, explicó que la Ley del Refugiado reconoce la complejidad de estos procesos. Si bien los casos deben resolverse en máximo 60 días hábiles, hay circunstancias que pueden prorrogar la resolución las veces que sea necesario:

Puede uno tener flujos muy importantes, como los ha tenido el Perú y que no se pueden atender rápidamente”, dijo en entrevista con el medio peruano. Los casos más urgentes están siendo priorizados.

Debido a que el Perú ha recibido más de 280 mil solicitudes de refugio de parte de ciudadanos venezolanos, lo que lo convierte en el país que recibe la mayor cantidad de solicitudes en el mundo, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) aporta recursos financieros y técnicos, como un nuevo software para registrar más rápido a los refugiados y solicitantes:

En este momento los solicitantes de refugio tienen un período de espera largo. Sin embargo, al momento de solicitar su cita, reciben lo más importante: el permiso para permanecer en el país donde se sienten seguros y a salvo”, declaró Federico Agusti, representante de ACNUR en el Perú.

Debate

Perú incluye en su legislación tanto la definición normativa de refugiados de la Convención de Ginebra 1951 (quien huye por temor de persecución), como la definición ampliada de la Declaración de Cartagena de 1984, que hace referencia a un contexto más generalizado que la persecución individual. Aunque no reconoce la violencia generalizada, sí la violación masiva de derechos humanos.

La Declaración de Cartagena establece:

La definición o concepto de refugiado recomendable para su utilización en la región es aquella que además de contener los elementos de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, considere también como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.

En agosto de 2018, el Gobierno peruano anunció que denunciaría a Nicolás Maduro y a su cúpula gubernamental por los delitos de lesa humanidad y violación de derechos humanos ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Si bien Acnur considera que la mayoría de los venezolanos fuera de su país necesita protección internacional, esto no implica que el concepto deba ser aplicado a todos:

Algunas (personas venezolanas) no se ven afectadas por los eventos que se encuentran actualmente perturbando gravemente el orden público. ACNUR ha hecho un llamado a los Estados a abstenerse de realizar retornos forzados a Venezuela, sin importar la condición legal de las personas en cuestión”, consideró Agusti.

“El Perú aplica la definición de la Convención de Ginebra 1951; es decir, se trata de personas que tienen un fundado temor de persecución. La mayoría (que solicita el refugio) siguen siendo personas que salen (de Venezuela) por la situación económica, por falta de alimentos, de trabajo, pero no por persecución”, explicó el secretario ejecutivo de la Comisión Especial para los Refugiados, Patricio Rubio.

Para Cécile Blouin, docente e investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), el Estado peruano por ahora no ha reconocido a ninguna persona bajo la Declaración de Cartagena: “Lo que se puede observar en Venezuela es que hay claramente una serie de violaciones de derechos civiles y políticos, pero también de derechos económicos, sociales y culturales”, opinó.

Agregó: “si tienes un perfil de personas que entran en la calificación de Cartagena, si se lidera un Grupo de Lima que determina que hay violaciones en Venezuela, una perturbación del orden público, no me explico por qué esta definición no se está aplicando”, indicó la académica.

En su opinión, aplicar la Declaración de Cartagena podría implicar un costo político: “Esto significaría reconocer a casi 300 mil personas como refugiadas en Perú, que es un número muy alto para un país que antes no estaba acostumbrado a recibir tantas personas pidiendo protección internacional. Esto tiene un costo político”, dijo.

Rubio, por su parte, destaca que cada Estado tiene la decisión soberana de evaluar cuándo se ha llegado al umbral como para considerar que la situación en el país de origen es tal que se le puede reconocer la calidad de refugiados a todos:

Esto depende de cada Estado, cada uno hace una evaluación y tal es así que en la región ningún Estado ha considerado eso. El Perú ha considerado que esa posibilidad no se ha alcanzado todavía y que lo que se aplica son los criterios clásicos del refugio, que es el temor fundado de persecución”, declaró al diario limeño.

Finalmente, ACNUR considera que la respuesta del Perú cumple con sus responsabilidades según el derecho internacional. “Las medidas y decisiones adoptadas por el Gobierno Peruano son decisiones soberanas”, consideró Agusti.

 

Nuevo proceso

Desde el 22 de junio, en el Centro Binacional de Atención Fronteriza (Cebaf) de Tumbes, la cancillería implementó un nuevo sistema para la evaluación de las solicitudes de refugio. Esta variación es parte de la política del Estado Peruano para una migración ordenada y segura:

Tenemos un equipo que está evaluando en el Cebaf Tumbes las solicitudes de refugio que se están presentando y estas han bajado de manera significativa”, dijo Rubio. “Ahora tenemos más o menos unas 11 personas que han solicitado el refugio al día. Hay días que hemos tenido cinco personas”, agregó.

Según explicó Rubio, aquellas personas que piden refugio en Perú son entrevistadas en el Cebaf y en ese momento se determina si tienen elementos para calificar como refugiados. Esta entrevista se realiza a lo largo del día:

Se hace una evaluación del caso y se manda el caso para decisión de la Comisión Especial paraRefugiados en Lima. La comisión evalúa. Si es que no tiene elementos, deniega el refugio y eso se le comunica a la persona mediante una resolución. Una vez que es notificada la persona de la resolución, puede presentar los recursos impugnativos de ley y si no decide presentar o si presenta y son rechazados, tiene que volver a Ecuador”, añadió.

Todo este proceso se realiza dentro del Cebaf. “La resolución se prepara en el Cebaf. Esto puede demorar entre un día y dos algunas veces”, apuntó.

Mientras se siguen evaluando las solicitudes, Mairim, Romel y otros 140.000 ciudadanos venezolanos mantienen la esperanza de obtener una condición con la que dejen la inestabilidad de la que huyeron en Venezuela.

Texto y gráficos: El Comercio (Alicia Rojas Sánchez)

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