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Diáspora

Los gobiernos de Sudamérica y sus regulaciones a las apps de transporte y delivery

Composición: Andrea Phillips
Mary Cruz Finol
Escrito por Mary Cruz Finol

Si bien podría calificarse como un efecto dominó, las iniciativas por regular las aplicaciones de servicio de delivery o transporte en los países de Latinoamérica se han mostrado más fuertes que nunca en los últimos meses.

Muchas de estas empresas, Rappi, Uber, Glovo y Cabify, por mencionar a las más conocidas, ya ostentan varios años en el mercado latino y gozan de gran aprobación por parte de los usuarios. Además, se han convertido en importantes y valiosas fuentes de empleo, no solo para nativos, sino también para los migrantes venezolanos en la región. Sin embargo, las intenciones de los gobiernos por establecer sus propias reglas pone en alerta máxima a quienes se benefician de estos servicios.

El caso más reciente fue el de Uber en Colombia, donde la empresa estadounidense salió perdiendo ante el fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio de ese país. Un juez administrativo ordenó el cese de actividades de la plataforma por incurrir en “prácticas de competencia desleal”.

La compañía calificó el veredicto de “arbitrario”. No obstante, esto no evitó que Uber dijera adiós a Barranquilla, la primera ciudad colombiana en la que dejó de operar la app el pasado jueves 16 de enero.

En el caso de Uber Eats, aplicación con la que se solicita servicios de domicilio para alimentos y comida en general, la empresa seguirá funcionando en 12 ciudades colombianas, entre ellas, Bogotá.

Aunque ya no funciona en Colombia, según la propia empresa, la aplicación aún se podrá utilizar en alrededor de 700 ciudades de otros países.

Entre otras disputas en Colombia, el Ministerio de Trabajo se ha sentado varias veces con Rappi para escuchar las propuestas que tienen para ayudar a solucionar las quejas que exponen los trabajadores de la plataforma en razón del no apoyo en el pago de salud, pensión y riesgos laborales.

En julio de 2019, la ministra de Trabajo de Colombia, Alicia Arango aseguró que el Gobierno apoya el emprendimiento de los colombianos y las diferentes alternativas laborales, sin dejar de lado los derechos de los trabajadores. A su vez, la autoridad informó que se conformarán mesas de trabajo para resolver el tema de las afiliaciones a la seguridad social de los rappitenderos.

A comienzos de 2020, el Congreso colombiano informó sobre la tramitación de otra iniciativa que busca regular a Uber y Rappi, aunque ya se sabe en qué concluyeron los términos con la plataforma de transporte.

¿Qué pasa en Chile?

Los debates descienden por Sudamérica. En la actualidad, el Congreso está en discusiones sobre el proyecto de ley que regularía por primera vez las operaciones de las plataformas de transporte de pasajeros (UberBeatDiDi y Cabify) en Chile.

Las empresas advierten que la normativa los obligará a subir sus precios y acortar el número de sus conductores, según reseña el medio chileno La Tercera.

La ley que regularía a Uber en Chile pretende normar tanto el funcionamiento de estas aplicaciones como también a quienes trabajan como conductores.

Pero, ¿el escenario de Colombia se podría replicar en Chile?

La situación es completamente diferente. El Gobierno de Chile asumió el compromiso de fomentar la tecnología al enviar este proyecto al Congreso para su discusión. Esperamos que los senadores reviertan las medidas negativas antes de su aprobación final en la sala. La situación aquí es distinta y aún quedan pasos pendientes antes de evaluar medidas de ese tipo”, declaró Nicolás Sánchez, Gerente de Asuntos Gubernamentales de Uber, a La Tercera.

Si bien todavía no se trata de una ley en vigencia, sino de un proyecto de ley aún en disputa, su aprobación debería darse en los próximos meses por parte del Parlamento y será el Ministerio de Transportes el encargado de ponerla en funcionamiento.

De hecho, entre las medidas que se pondrían en marcha, resaltan:

  • La exigencia a los conductores de licencia profesional (A-1); estos tendrán un máximo de dos vehículos por persona.
  • Los automóviles tendrán una antigüedad máxima de tres años, aunque luego de un periodo de transición, una vez que comience a regir la ley, podrán ser aptos vehículos de cinco o seis años.

Empero, después de la entrada en vigor de la normativa, el parque automotriz de Uber, DiDi, Beat y Cabify estará congelado por 18 meses, apunta el medio chileno.

“No nos vamos”

Pese a los cambios que se vienen, las EAT (Empresas de Aplicaciones de Transporte) no ven como una opción viable el abandonar Chile. 

En el caso de DiDi, son 100 mil las personas que generan ingresos a través de su plataforma y más de dos millones de personas las que mueven a nivel nacional. El director de Asuntos Corporativos de la firma de capitales chinos, Felipe Simonsohn, explicó que aún están a tiempo “de promover cambios basados en evidencia y en datos por sobre los intereses de unos pocos”.

Somos partidarios de una discusión que ponga a la movilidad, a las ciudades y a las personas en el centro del debate. Un proceso que tome las buenas prácticas internacionales y las ponga a disposición de la política pública en beneficio de todos y todas. Sin embargo, hemos notado una tendencia a legislar en favor de ciertos grupos de interés y no de la totalidad de quienes son parte de este ecosistema de las plataformas como DiDi”, acotó el exdirector de Regulación y Asuntos Corporativos de WOM. 

“No nos vamos a ir”, respondió DiDi Chile al ser consultado por La Tercera sobre si abandonaría el país en caso de enfrentar una legislación rigurosa.

¿Una rentabilidad amparada por la ilegalidad?

Para el senador Jorge Pizarro (DC), miembro de la Comisión de Transporte del Senado, el “panorama está muy claro”, por lo que cuestionó severamente a las aplicaciones móviles.

El servicio que tienen es rentable, porque es ilegal. Parece que esta gente no se da cuenta (de) que actúan en la ilegalidad e informalidad completa. El proyecto lo que busca es regular una actividad que es ilegal. En Chile a uno le puede parecer bien o no. Da lo mismo, la operación del transporte de pasajeros está entregada de manera regulada a determinados operadores bajo ciertas condiciones”, sostuvo el político.

Pizarro enfatiza la informalidad, a su parecer, que rodea a este tipo de empresas: “Al principio las plataformas comenzaron con automóviles de lujo, pero al avanzar siguieron con otro estándar, y después de los dos meses, te venden la pomada y la gente se cree el cuento de que la va a ir a buscar un Mercedes Benz y llega un auto chino, chico y con una pequeña cilindrada y no sabes qué norma de seguridad tiene o conductores que tienen nula experiencia. Contratan a muchos extranjeros sin tener los permisos correspondientes. Entonces, el negocio para ellos es re bueno”, recalcó el parlamentario que también conforma la comisión de Hacienda del Senado.

¿Argentina sigue en la lista?

Sí, pero a paso lento. Tal cual como su país vecino, no ha logrado establecer un acuerdo sobre los puntos básicos de un posible marco normativo para regular la actividad de las plataformas de “Economía Colaborativa”. De todas formas, las intenciones desde la Casa Rosada son más que comprobables.

Macri ‘uberizó’ la economía. Ha dejado que el desempleo ocurra porque siempre pensó que los empleados pueden reconvertirse en emprendedores que son monotributistas que se suben a una bicicleta y reparten pizzas. Es un sistema por el cual el empleador se quita obligaciones y el que trabaja pierde derechos”, sentenció Alberto Fernández, mandatario argentino, durante el segundo debate presidencial.

Y antes del arribo del kirchnerismo al poder, en agosto de 2019, un juzgado en Argentina sentó precedente al impedir el funcionamiento de aplicaciones como Rappi por no garantizar la seguridad de sus colaboradores. El conflicto, como ha venido desvelándose cada vez que se abren las costuras contractuales de estas empresas, versa sobre en qué tipo de reconocimiento vinculante tienen estas nuevas compañías y quienes las utilizan como fuente de ingresos.

De acuerdo con un estudio realizado por Cippec, BID Lab y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el conjunto de usuarios-proveedores de servicios a través de plataformas digitales representaba un 1 % del total de ocupados en la Argentina en 2018. Es decir, más de 1 millón de personas en el país trabajan en el sector, de acuerdo con lo publicado por Info Technology.

En cambio, en el Viejo Continente, donde este negocio ya lleva pedaleando más tiempo, las cifras se multiplican. Según una encuesta desarrollada en 14 países por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (JRC, por sus siglas en inglés) , un 10,5 % aseguró que alguna vez desarrolló esa actividad, mientras que un 2,3 % afirmó que la Economía de Plataformas es su principal ingreso.

Las “actitudes” que condicionan al marco legal

La metodología de incursión en los mercados comerciales podría aventajar o perjudicar a algunas marcas, todo dependiendo de la perspectivas del Gobierno de turno y los estatutos legales que amparan al sector trabajador.

La primera app en desembarcar en la Argentina fue Uber en abril de 2016 y tuvo a la Ciudad de Buenos Aires como uno de sus territorios más hostiles. Luego, en septiembre, se sumó la española Cabify, que opera legalmente como si fuera una agencia de remises.

Del lado del reparto, la colombiana Rappi y la catalana Glovo llegaron casi en sincronía, en el primer bimestre de 2018, aunque con actitudes distintas. “Glovo leyó más la ley y se movió con pasos chicos, siempre pidiendo permiso. Rappi se dio unos golpes terribles porque apenas se lanzó le dio ropa con su logo a los repartidores y eso es un uniforme, ahora aprendió”, describe un empresario con experiencia en el sector a Info Technology.

PedidosYa inició su camino hace varios años, e incluso apostó por contratar a sus riders tras inaugurar un hub logístico. La estrategia finalizó con despidos masivos en febrero de 2019 y un cambio al modelo de “socios-colaboradores”.

Tensa calma

De cualquier forma, el único proyecto de ley presentado en el Congreso argentino para regular de alguna manera la actividad de estas apps fue publicado en julio pasado por la diputada bonaerense Romina Del Plá, miembro del bloque del Frente de los Trabajadores. Este aún no se ha debatido en las comisiones de Legislación del trabajo y Presupuesto y Hacienda.

Es un proyecto de regulación transitoria porque entendemos que tiene que ser incorporado de manera plena al convenio colectivo de comercio que es donde pertenece este rubro”, apunta la legisladora Del Plá. Y agrega: “Creo que no hay un interés en salir de toda la maraña de las mil formas de eludir la regulación laboral”.

Una oportunidad laboral que no ofrece Venezuela

En un contexto social repleto de obstáculos como el abastecimiento complejo de gasolina, la inflación desenfrenada, la incapacidad de pago con tarjetas de crédito, la inestable o nula conexión a internet, además del alto costo para el mantenimiento de los vehículos, los venezolanos migrantes han encontrado un alivio en aquellos países donde los avances han calado más profundo.

A la espera de un acuerdo entre empresas y gobiernos, los extranjeros radicados en los países sudamericanos, en especial nuestros criollos, esperan resoluciones positivas y beneficiosas, pues aunque sí reclaman por más y mejores tratamientos laborales, la expulsión de estas plataformas de Chile, Colombia o Argentina significarían un duro golpe para su plan de vida como migrantes.

Con información de La Tercera, Info Technology y El Colombiano.

Sobre el autor

Mary Cruz Finol

Mary Cruz Finol

Comunicadora Social egresada de la Universidad del Zulia. Estudiante de Lingüística y Enseñanza del lenguaje. Amante de las artes en todas sus presentaciones.

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