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Diáspora

La costosa burocracia fomenta ilegalidad de los migrantes venezolanos en Bolivia

AFP
Redacción Papagayo
Escrito por Redacción Papagayo

“Bolivia es el único país en el que he estado ilegal porque es demasiado costoso regularizarse en comparación a todos los demás”, declara Kelly Aza, una joven venezolana que lleva viviendo en Santa Cruz dos de sus 27 años.

Las palabras de Kelly son un reflejo ilustrativo del principal escollo al que se enfrentan miles de los venezolanos que viven dentro de nuestras fronteras. Muchos llegaron sin saber que éste sería su destino final. Y lo hicieron con las manos casi vacías, con el único afán de forjar una nueva vida en tierra extraña.

Alrededor de 10.000 venezolanos, entre refugiados y migrantes, residen en Bolivia, que se ha convertido en un nuevo destino para quienes escapan de la crisis política, económica y social que vive el país caribeño, según señaló en mayo pasado la Organización de Estados Americanos (OEA) en el informe “Situación de los migrantes y refugiados venezolanos en Bolivia”.

En su mayoría ingresaron a Bolivia con visa de turista, la cual les permite permanecer en el país por un tiempo de 30 días, prorrogable hasta 90. Pasado ese periodo tienen que presentar una solicitud de permanencia. De lo contrario, Migración los multa con 28 bolivianos por cada jornada de irregularidad.

“Para acceder a un permiso de permanencia temporal por trabajo de un año tenía que sacarme, entre otros, el certificado médico emitido por el INSO, los certificados policiales y pagar más de 300 dólares (2.250  bolivianos, aproximadamente)”, relata Kelly.

Dentro de esa categoría, el trámite migratorio al que aspiraba Kelly es el más barato, pues también están las permanencias temporales por trabajo de dos y tres años -tiempo máximo de autorización-, que tienen un costo aproximado de 2.960 y 3.660 bolivianos, respectivamente, (sin tomar en cuenta el dinero a pagar por cada uno de los requisitos exigidos para realizar el trámite); la Dirección General de Migración (Digemig) también emite permisos temporales “por familia” y “por objeto determinado”.

Para Kelly, como para muchos otros, pretender conseguir alguna de esas sumas de dinero cuando se llega con lo mínimo vital es “imposible”, y más considerando que su autorización de ingreso la declara como “turista”, lo cual significa que tiene prohibido trabajar. 

“En tres meses se me hizo imposible reunir no solo esa cantidad, sino la plata que además debía pagar para cada trámite, por lo que quedé totalmente ilegal”, agrega quien ahora arrastra consigo una multa de miles de bolivianos que cada día que pasa ve más lejos de poder costear.

Además, las personas migrantes que logran obtener cualquier tipo de permanencia en Bolivia deben tramitar en el plazo de 25 días desde la concesión de la residencia su cédula de identidad de extranjero ante el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP). El costo de esta obligación es de  600 bolivianos.

Algo que denuncian permanentemente los extranjeros que llegan a Bolivia son las dificultades que tienen -por costo y burocracia- para sacar sus papeles de residencia y trabajo. Además, los venezolanos que han estado en otros países, como Kelly, aseveran que las permanencias son más caras que en el resto de la región.

En Bolivia, a diferencia de lo que sucede en otros países, no es posible fraccionar las multas y pagarlas a plazo, lo que complica aún más la regularización de estas personas. La imposibilidad de cumplir con la multa debido a la situación de vulnerabilidad en la que la mayoría de ellos son empujados a vivir deriva, en muchos casos, en “la expulsión del ciudadano extranjero”, asevera Luna.

El pasado 1 de junio el gobierno dispuso la condonación de multas (dando un plazo de 20 días para presentar la disposición) para aquellos extranjeros que se hubieran visto afectados por la suspensión de actividades de la Digemic a nivel nacional debido a la pandemia de la Covid-19. Asimismo, dispuso la posibilidad de conseguir una prórroga en los trámites de permanencia o de nacionalidad boliviana.

En diciembre del año pasado, el gobierno de Jeanine Áñez aceptó retomar las solicitudes de refugio de ciudadanos venezolanos tras estar paralizadas durante la gestión del expresidente Evo Morales.

“Hemos acordado que Bolivia va a aceptar la solicitud de refugio de 200 ciudadanos venezolanos que se han fugado de su país por razones de orden político, de persecución política promovida por el gobierno de Nicolás Maduro (…) Con la ayuda económica y logística del Acnur vamos a proceder a iniciar el trámite de reconocimiento y otorgación del estatus de refugiados”, manifestó en aquella ocasión la canciller boliviana, Karen Longaric.

 

Información de Página Siete.

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