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Gobierno de Trump prepara ley para negar residencia a inmigrantes que requieran asistencia pública

El Gobierno del presidente Donald Trump anunció este lunes una norma que reduce la cantidad de migrantes indocumentados a los que se les permitirá ingresar y residir en Estados Unidos, al facilitar el rechazo de las solicitudes de los permisos de residencia, conocidos como “green cards” (tarjetas verdes), o de algunos visados.

La regulación, de 837 páginas, es la última ofensiva de la administración contra la inmigración, esta vez, dirigida a inmigrantes legales.

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) dio a conocer una versión de la regla, que está diseñada para que los migrantes con bajos ingresos no puedan llegar o permanecer en el país. La normativa, que será publicada oficialmente en el Registro Federal el miércoles, entrará en vigor 60 días después de su publicación.

Por lo tanto, Estados Unidos podrá determinar si el inmigrante se ha convertido en una “carga pública” para la Administración, es decir, si “depende principalmente” de la asistencia de los fondos públicos para subsistir, y luego cancelar su estatus de inmigración.

De este modo, una persona poseedora de la tarjeta de residente permanente o de algún tipo de visado conseguido por la vía legal podría ver afectada su situación en el país en caso de no poder mantener su economía personal sin ayudas del Gobierno.

Entretanto, grupos defensores de los migrantes han argumentado que esta regla discriminaría a los migrantes de los países más pobres, mantendría a las familias separadas y alentaría a los residentes legales a renunciar a ayuda pública que probablemente necesiten para subsistir, según medios locales.

Estas organizaciones aseguran que la normativa penalizaría a los inmigrantes con visado de trabajo que necesitan alguna asistencia pública de manera temporal.

Los inmigrantes de la tercera edad, muchos de los cuales obtienen medicamentos recetados a bajo coste a través de programas subsidiados, también podrían verse obligados a dejar esas ayudas o arriesgarse a ser considerados “carga pública”, lo que no les permitiría mantener el estatus de residente legal.

El Gobierno de Trump ya propuso en septiembre del año pasado una reglamentación para que a los inmigrantes que reciben legalmente beneficios públicos, como asistencia alimentaria y vales de ayuda de vivienda, se les pueda negar la residencia permanente.

Se espera que la regulación anunciada este lunes afronte demandas legales en los próximos días, por lo que su implementación final podría retrasarse varios meses o, incluso, nunca producirse si la Justicia estadounidense así lo considera.

Asimismo, la actual administración ha recrudecia las acciones contra la inmigración ilegal. A esto se suman las redadas masivas efectuadas la semana pasada en Mississippi.

El secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, reconoció que el momento de las redadas fue “desafortunado” al llevarse a cabo horas después de que el presidente Donald Trump visitara El Paso, Texas, donde un hombre que decía odiar a mexicanos mató a 22 personas el 3 de agosto.

Sin embargo, McAleenan dijo al canal NBC que el operativo se había planeado durante más de un año.

Las redadas del miércoles en seis ciudades de Mississippi, en las que fueron arrestadas 680 personas, desataron duras críticas luego de que la prensa local divulgara imágenes de los niños que quedaron solos al salir de la escuela, llorando y sin tener adónde ir ni qué comer.

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Redacción Papagayo

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