fbpx
Diáspora

Financiamiento de grupos armados proviene de la explotación minera en Venezuela: FundaRedes

Redacción Papagayo
Escrito por Redacción Papagayo

El último trabajo de investigación publicado por FundaRedes afirma que, tomando como base un documento elaborado en abril del año 2020 por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) de Washington, por lo menos 60 % del apoyo financiero del ELN y 50 % de las FARC proviene de la explotación de minas en Venezuela.

La organización señala que, además del beneficio que genera la extracción ilegal de las riquezas minerales a los grupos armados irregulares, esta actividad ha dejado entre las comunidades indígenas del sur de Venezuela una secuela de “hostigamiento, persecuciones, desapariciones, torturas, abuso sexual, migración forzada, esclavitud moderna, además de un severo daño ecológico y cultural”.

“El recrudecimiento de la violencia en las zonas de frontera en los últimos años y la feroz explotación minera a lo largo de la cuenca del Orinoco, han generado una vulnerabilidad aún mayor en la frágil supervivencia social y cultural de las comunidades indígenas venezolanas, agobiadas ahora por la actuación de organizaciones armadas que reclutan o someten a sus integrantes”, expresa FundaRedes.

El estudio revela que el incremento desmedido del contrabando en el Arco Minero del Orinoco ha sido producto de la progresiva ejecución de prácticas criminales en las que participan diversos actores que se aprovechan de la extracción ilegal de minerales, en complicidad con funcionarios y efectivos militares venezolanos que les han permitido, no sólo su ingreso y permanencia en la zona, sino además un crecimiento y fortalecimiento que han afectado de manera significativa la vida de las comunidades indígenas que han habitado históricamente estos territorios.

Para la ONG, el desarrollo de una actividad minera en abierta contradicción con las disposiciones constitucionales, bien sea por el otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones emitidos por autoridades del Estado o en ausencia de autorizaciones formales y legales, por su mirada displicente y la inacción frente a la explotación ilegal de la minería “constituyen una lesión flagrante del deber de protección al ambiente que se traduce en una violación del derecho a la vida, pues compromete la existencia de poblaciones presentes y futuras”.

Sobre el autor

Redacción Papagayo

Redacción Papagayo

Deja un comentario