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Diáspora

Detenciones de niños, trata y “tolerancia cero”: un año marcado por violaciones de DDHH

AFP

Está a punto de cerrar un año en el que 330.000 niños migrantes están detenidos en 80 países. Detenciones prolongadas, explotación, tráfico de migrantes y deportaciones irregulares son otras de las vulneraciones que dificultan celebrar este martes el Día de los Derechos Humanos.

Cada 10 de diciembre, se conmemora el día en que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, 2019 ha sido un año en el que se han extremado políticas migratorias y, con ello, se ha afectado a más personas en situación de vulnerabilidad.

Solo en Estados Unidos hay 103.000 niños detenidos, según el Estudio Global de Naciones Unidas sobre los Menores Privados de Libertad, que también otorga la cifra de los 330 mil infantes en celdas.

La detención de menores relacionada con la migración nunca debe considerarse (…) Siempre hay otras opciones”, declaró Manfred Nowak, uno de los autores del estudio.

Se calcula que hasta 20 niños permanecen en una misma “jaula”, en diferentes centros de detención para migrantes en EE. UU.

Gustavo Marcano, ministro consejero en Estados Unidos nombrado por el líder opositor Juan Guaidó, señaló en octubre que unos 700 venezolanos están detenidos en EE. UU. La cifra no discrimina entre presos con sentencias criminales e inmigrantes con órdenes de deportación.

Abusos sexuales

Miles de niños migrantes sufrieron abuso sexual durante los últimos cuatro años, mientras estaban bajo custodia del Gobierno de los EE. UU. Así lo indican documentos del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) publicados en febrero.

Y es precisamente EE. UU. el país que no solo alberga más niños migrantes detenidos, sino que también, bajo administración de Donald Trump, ha implementado políticas como las llamadas  “esperar en México” y “tolerancia cero”. Esta última implica la separación de niños migrantes de sus padres.

Una de las características más críticas de esta política es permitir que los niños estén detenidos por más de 20 días. Un límite que, en 2008 durante el gobierno de George W. Bush, el Congreso prohibió cruzar.

En tanto, “esperar en México” implica que los solicitantes de asilo permanezcan en ese país hasta que las autoridades estadounidenses resuelvan su situación migratoria. Esto los expone a esperar en ciudades mexicanas peligrosas y, muchas veces, sin recursos suficientes para mantenerse.

Muertes bajo custodia

Otra de las cifras más alarmantes es que 16 inmigrantes murieron entre el 10 de abril de 2018 y el 15 de octubre de 2019 en centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE). Esto, según reportó Univisión con datos del propio ICE.

Los fallecidos eran 5 mexicanos, 3 hondureños, 2 cubamos, 2 rusos, 1 armenio, y camerunés, un indio y un vietnamita.

Aunque los documentos oficiales muestran que en todos los casos se registró un protocolo médico antes de la muerte del paciente, ICE no revela cuál o cuáles son los protocolos de salud preventiva vigentes o que se activan en casos de emergencia.

Un menor de edad de origen guatemalteco tuvo igual suerte, pero presuntamente sin recibir la atención necesaria. Carlos Gregorio Hernández Vásquez cruzó la frontera entre México y Estados Unidos a través del río Grande cerca de Weslaco, Texas, el pasado 13 de mayo. Estaba solo al momento de su detención. En solo siete días murió.

Permaneció en un centro de detención temporal en McAllen. A los seis días, una enfermera le midió una fiebre de 39,4 y le diagnosticó gripe. Según un video publicado el viernes, habría caído muerto sin recibir atención médica luego del primer diagnóstico.

En junio, activistas desarrollaron la campaña #NoKidsInCages (No niños en jaulas). Instalaron 25 jaulas con maniquíes de niños, en diferentes puntos de New York. Foto: CNN

Deportaciones irregulares

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) alertó el pasado 3 de diciembre sobre violaciones a los derechos humanos de 58 venezolanos en Colombia.

Las irregularidades identificadas por el centro de la UCAB incluyen las siguientes:

1. Selectividad en las detenciones arbitrarias con base en la nacionalidad.

Informaciones que recibió el CDH UCAB, de parte de abogados que representaron a las víctimas, indican que funcionarios los interrogaron sobre su nacionalidad. Al afirmar que eran venezolanos se los llevaron sin mayores explicaciones. Esta situación se registró con varios detenidos en las inmediaciones de la plaza comercial de Bosa Recreo, en Bogotá.

2. Ausencia de debido proceso.
Las autoridades migratorias alegan que el procedimiento usado para las expulsiones tiene carácter administrativo y se justifica porque, según el director de Migración Colombia, “estaban afectando la seguridad, el orden. Estaban adelantando actos de vandalismo en las marchas”, aunque en ningún momento se presentaron las evidencias que vinculan a los expulsados con dichos actos.

3. Presunción de inocencia y derecho a la honra.
Aunado a lo anterior, se violó la presunción de inocencia al aplicar una medida administrativa inapelable que niega a las víctimas la oportunidad de defenderse.

4. Ausencia de transparencia en el procedimiento.
El CDH UCAB obtuvo información de los abogados que representaron a los deportados, según la cual no se informó adecuadamente a los afectados ni a sus familias sobre el procedimiento.

5. Violaciones del derecho a la integridad personal
Testimonios de familiares compartidos con el CDH UCAB, señalan que se sometió a los deportados con golpes y patadas.

6. La ruta de deportación, en sí misma.
Se les deportó a dos puntos diferentes de Colombia, en frontera con Venezuela: a Puerto Carreño (Vichada) y posteriormente a Inírida (Guainía) frente a Amazonas, Venezuela.

Muchos de los afectados se encontraban sin dinero, con ropa ligera (pantalón corto, sandalias, como los sacaron de sus viviendas) y tuvieron que moverse desde San Fernando de Atabapo (población a seis horas en lancha de Puerto Ayacucho), a sus lugares de origen, sin recursos ni comida.

Explotación

Organismos internacionales han advertido que son decenas de miles los migrantes explotados por bandas criminales de Colombia.

Este año, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (Acnur) denunció la explotación de venezolanos en áreas de Colombia donde hay explotación de oro.

La gente llega en condiciones más vulnerables, por lo que requieren más apoyo humanitario”, indicó la representante adjunta de Acnur en Colombia, Yukiko Iriyama, reseñó BBC Mundo.

Tanto en Bógota como en otras ciudades colombianas se han desmantelado redes de trata de personas con fines de explotación sexual. Se aprovechaban de la situación de venezolanas recién llegadas al país vecino.

Además, según el Departamento Nacional de Estadísticas, unos 340.000 venezolanos están en situación de desempleo y son vulnerables a la explotación laboral.

Todo esto, sin contar las detenciones prolongadas de venezolanos en aeropuertos mexicanos. Ante estos hechos, activistas y organizaciones no gubernamentales llaman a los gobiernos para que implementen políticas que permitan resguardar a los migrantes venezolanos.

Incluso, han propuesto que se les considere y trate como refugiados, en función de no vulnerar, aún más, sus derechos al regresarlos a Venezuela, país del que huyen por la grave crisis económica y política, el alto costo de alimentos, la carencia de servicios básicos óptimos, la inseguridad, y la escasez de medicamentos.

Sobre el autor

María Victoria Rodríguez

María Victoria Rodríguez

Lic. en Comunicación Social, mención Desarrollo Social. Bilingüe. Profe de Géneros Periodísticos. Amo los temas sociales, el derecho internacional y la fotografía.

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