¿Cómo y dónde denunciar las agresiones xenófobas en Ecuador?

Los actos xenofóbicos contra venezolanos en Ecuador no son recientes, por lo que actuar frente a estos hechos es indispensable para salvaguardar los derechos de todas estos ciudadanos y crear precedentes que contribuyan a la no violencia contra ningún otro extranjero.

Consultado sobre cómo está protegido cualquier extranjero en Ecuador, el abogado penalista ecuatoriano Jaime Santos indicó a Papagayo News que todo ciudadano tiene derecho a denunciar cualquier tipo de violencia que sufra.

En el artículo 9 de la Constitución de la República (de Ecuador) se establece la igualdad de los extranjeros ante la ley. Gozan de los mismos derechos y deberes que los ecuatorianos», comenta.

Asimismo, Andrés Tapia, también abogado penal de Ecuador, explicó a Papagayo News que el derecho protege a todo ciudadano y es el Estado el que debe velar por el respeto a la condición humana, tanto de nacionales como foráneos.

El marco constitucional es el más importante. El numeral dos del artículo 11 habla sobre que todas las personas somos iguales y gozamos de los mismos derechos, deberes y oportunidades; habla de la no discriminación por ningún tipo de vía. El inciso tercero señala que el Estado adoptará medidas para promover la igualdad», apuntó Tapia.

Las sanciones en general

El artículo 176 del Código Orgánico Integral Penal de Ecuador (COIP) contempla los llamados ‘crímenes de discriminación’ o de ‘violencia psicológica’. Quien los cometa puede pagar con privativa de libertad de uno a tres años.

Como agravante, la pena se extiende de tres a cinco años si la acción la ordena o ejecutan los servidores públicos.

«La persona que propague, practique o incite a toda distinción, en razón de nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género (…) será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años», dice el artículo 176 del Código Penal.

La discriminación sería toda práctica de manera psicológica o verbal que excluya, desacredite a una persona por razón de su nacionalidad. Esto es sancionado con una pena privativa de uno a tres años. El delito de odio son las agresiones físicas que se pudieran dar a una persona en razón de su etnia o nacionalidad», explica Santos.

Por otra parte, el artículo 177 del COIP contempla específicamente los actos de odio o violencia física, que también reciben una pena de entre uno y tres años. Además, indica que «si los actos de violencia provocan heridas a la persona, se sancionará con las penas privativas de libertad previstas para el delito de lesiones agravadas».

Así, existen dos tipos de delito: el de carácter violento-psicológico (Art. 176) y violento-físico (Art. 177). Ambos deben ser penados y denunciarse.

¿Dónde denunciar?

Jaime Santos, además fundador de la firma de abogados Judilex, señala que la Fiscalía es la encargada «de oficio» de investigar los hechos punibles. Esto lo reseñan los artículos 410 y 411 del COIP.

La violencia psicológica son insultos: Decir ‘lárgate a tu país’, ‘no vengan acá’ o poner letreros en centros comerciales. En ese sentido, se aplica el tipo penal. La violencia xenófoba es por carácter racial. Si estas agresiones no se dan en virtud de la nacionalidad, se es susceptible de otras penas o conductas. Este tipo de sanción (artículos 176 y 177) se aplica cuando las agresiones son por nacionalidad», dice Santos.

La denuncia tendría que presentarse ante la Fiscalía General del Estado o en las dependencias de la Policía Judicial. Una vez que la denuncia se presenta, se sortea a un fiscal para que realice la investigación.

Es importante que esta sanción cumpla el requisito de que la discriminación o agresión sea en razón de la nacionalidad o grupo étnico. Eso es un agravante. Si no fuera por este motivo, cae en un delito de violencia común, penado con 30 o 60 días o de seis meses a un año», agrega Santos.

Al formular la denuncia en Fiscalía, la persona debe acudir a la defensoría pública, explica Tapia, para solicitar la asistencia o patrocinio de un profesional. Entonces, un abogado pagado por el Estado sigue el procedimiento de representar al denunciante.

Agresión en la escuela

El abogado penalista Andrés Tapia comenta que en Ecuador existe la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su reglamento, que están cobijados en la Constitución y que establecen sanciones aplicables por parte del Ministerio de Educación.

Se sancionaría a las unidades educativas que no controlen la discriminación y los abusos. El Ministerio de Educación es el órgano rector en casos como el del niño migrante.

Los hechos de discriminación hay que comprobarlos para poderlos denunciar. Se puede presentar la denuncia en Fiscalía. En este caso, si es en Quito sería en la Fiscalía de Pichincha. Allí deben recibir la denuncia y seguir un proceso de investigación», señala el abogado.

El proceso de indagación por parte de Fiscalía va desde la investigación hasta ver si hay elementos de convicción para elevar a una instrucción fiscal y generar una resolución.

Si, por ejemplo, se despide a una persona por su condición de migrante y hay formas de probarlo, o hay indicios que puedan darle fuerza a esa afirmación, se puede presentar una acción de protección ante cualquier juzgado», añade.

Esta acción sirve para que, por ejemplo, se pueda generar una medida cautelar que paralice la destitución hasta seguir el procedimiento jurisdiccional.

Los hechos de violencia psicológica pueden ser más difíciles de comprobar que la violencia física. Pero, dependiendo del caso, se puede contar con testigos y la Fiscalía haría las investigaciones y entrevistas pertinentes para dar con más pruebas.

Extranjeros y nacionales tienen iguales deberes y derechos. Lo más recomendable para los migrantes es respetar para exigir respeto de vuelta, así como apegarse a las normas del país de acogida para evitar otros tipos de inconvenientes.