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Diáspora

CIDH está “preocupada” por efectos del COVID-19 en migrantes forzados venezolanos

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Redacción Papagayo
Escrito por Redacción Papagayo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca), expresaron su preocupación por los efectos del coronavirus en Venezuela. Además, por las consecuencias en los migrantes forzados venezolanos.

La CIDH observa con gran preocupación los impactos desproporcionados sobre las personas venezolanas migrantes, refugiadas y con necesidades de protección internacional, generados por las medidas dirigidas a la contención del COVID-19 en los principales países de acogida y de tránsito en la región”, subraya un pronunciamiento

La CIDH y su REDESCA aseguran estar “preocupados” por los efectos de la pandemia ante la situación de extrema vulnerabilidad de los venezolanos, debido a la prolongada crisis humanitaria que atraviesa ese país.

La Comisión y la red “han venido observando cómo la grave situación de derechos humanos que afecta a los venezolanos se ha profundizado. Esto, debido a la crisis humanitaria que llevó a cerca de 5 millones a desplazarse”, añade el escrito.

Medidas

Ante esta situación, la CIDH recordó cuáles son los deberes de las autoridades venezolanas para ayudar a la población vulnerable.

En este complejo contexto, las autoridades de Venezuela tienen la obligación de adoptar medidas serias y exhaustivas de atención y de contención de COVID-19; a la vez que los países de acogida deben redoblar esfuerzos para garantizar el derecho a la salud de las personas y mitigar los efectos de un potencial contagio masivo”.

La pandemia de COVID-19 “no puede ser excusa para que los Estados evadan sus obligaciones de derecho interno e internacional en relación con poblaciones que necesitan especial protección”, detalla.

Además, la Comisión “reconoce la necesidad de adoptar medidas para prevenir la propagación de COVID-19. No obstante, advierte que estas no se deben fusionar con políticas y mecanismos migratorios que resulten en la ruptura del principio de no devolución (non-refoulement) u obstaculicen el acceso a los instrumentos de protección”.

Igualmente, considera urgente que los Estados incorporen en sus planes de prevención y asistencia las necesidades de los 5 millones de venezolanos que están fuera de su territorio.

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