Diáspora

Administración de Guaidó y la ONG Provea exigen justicia para los venezolanos deportados en Trinidad y Tobago

Redacción Papagayo
Escrito por Redacción Papagayo

El representante diplomático del gobierno interino de Juan Guaidó, Julio Borges, denunció este jueves 3 de diciembre ante la Organización Estados Americanos (OEA) el trato inhumano del gobierno de Trinidad y Tobago con los migrantes venezolanos.

“La expulsión de más de 170 venezolanos, entre ellos 16 niños, no sólo es una violación flagrante de principios del Derecho Internacional universalmente reconocidos como es el principio de no devolución, sino de acuerdos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967, instrumentos que fueron ratificados por Trinidad y Tobago”, dijo el también diputado a la Asamblea Nacional en un comunicado.

De acuerdo con Efecto Cocuyo, el representante de la política exterior detalla que los migrantes venezolanos huyen de una emergencia humanitaria compleja que se ha profundizado por los efectos de la pandemia.

Borges instó a la OEA a elevar esfuerzos para que los Estados entiendan la necesidad de avanzar en un agenda que logre el restablecimiento de la democracia en Venezuela.

Provea: Ni Venezuela, ni Trinidad y Tobago responden a la ONU por desapariciones de decenas de migrantes

La organización no gubernamental independiente venezolana Provea señaló que el gobierno de facto no respondió a las preguntas de siete mecanismos de la ONU sobre las desapariciones de al menos 73 migrantes venezolanos, incluidas posibles víctimas de trata de personas, que salieron de Venezuela hacia Curazao y Trinidad y Tobago en tres embarcaciones diferentes entre abril y julio de 2019.

«Una vez más el gobierno de Maduro incumple con su deber de responder dentro de 60 días a las comunicaciones de los mecanismos temáticos de la ONU por casos de violaciones a derechos humanos«, señala la ONG.

Asimismo, Provea recuerda que similares comunicaciones fueron simultáneamente enviadas a Holanda (de la cual forma parte el territorio de Curazao) sobre 15 desaparecidos, y a Trinidad y Tobago sobre 58 desaparecidos. Holanda respondió por escrito y a tiempo a todas las preguntas de los mecanismos de la ONU, detallando sus acciones para la búsqueda de los desaparecidos y las acciones de sus poderes públicos para determinar responsabilidades en el caso.

«Al igual que el gobierno de facto venezolano, Trinidad y Tobago tampoco respondió a las preguntas de los mecanismos de la ONU, en un acto que denota un profundo desprecio de esos dos gobiernos hacia la grave situación de vulnerabilidad de los migrantes forzados, hacia la necesidad de conocer la verdad de lo ocurrido, ubicar a los desaparecidos y determinar las responsabilidades penales por casos de trata de personas, incluida la responsabilidad de agentes estatales», explica.

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